Mujer y discapacidad

© Alexandra Fernández

Cada 8 de Marzo se celebra el día Internacional de la Mujer, declarado así por la ONU en 1975. En la actualidad mucho se habla sobre igualdad y todo el mundo parece estar muy concienciado, pero después en la práctica no es así. Hasta a la persona más extremista, da igual hombre o mujer siempre se le escapa algún ramalazo machista y es que aunque no nos guste, el machismo está demasiado enraízado en nuestras culturas; es una lacra díficil de exterminar.

Esta semana he podido acudir a una charla que impartía sobre este tema ARER, la Asociación Riojana de Enfermedades Raras, en ella nos han dado datos muy curiosos y desconocidos por la gran mayoría de la población. Yo hoy aquí y con su permiso me hago eco de algunas de sus denuncias relacionadas con el colectivo de mujeres con discapacidad.

Precisamente la Organización de Naciones Unidas ha dictado en la Agenda 2030 diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, el quinto es la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Una igualdad real entre mujeres y hombres, principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos.

La OMS (Organzición Mundial de la Salud) estima que más de mil millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de discapacidad. El índice de prevalencia entre hombres es de un 12% y entre mujeres 19,2% (es decir, 1 de cada 5 mujeres vive con una discapacidad). Según el informe Olivenza 2018, el 5,6% de las mujeres con discapacidad está en situación de pobreza severa, el 17,7% se encuentra en situación de pobreza moderada y un 22,7% no tiene ingresos por trabajo o prestaciones.

Desde Amanixer (Asociación Aragonesa de mujeres con discapacidad) proporcionan unas estadísticas cuanto menos alarmantes. Ojo y no estamos hablando exclusivamente de casos de discapacidad severa, esto lo matizo porque muchos se refugian en este argumento para quitarle importancia a los siguientes datos…

1 de cada 4 mujeres con discapacidad en edad activa tiene un empleo, y en la mayoría de los casos un trabajo bastante precario con un salario que no llega al mínimo interprofesional.

Un 17,7% de mujeres con discapacidad sufre violencia económica por parte de sus parejas o exparejas.

Un 14,1 % de mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual por parte de sus parejas o exparejas.

Más de 1000 mujeres han sido esterilizadas en España – una gran parte forzadas, sin su consentimiento­- en los últimos 15 años. Esto vulnera los derechos de las personas con discapacidad contemplados en la convención de la ONU aprobada en Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en el año 2007. A pesar de que desde la ONU ya han llamado la atención a nuestro país, esta práctica no se ha dejado de llevar a cabo. Normalmente se suele realizar como requisito previo para internarse en algún centro, después de una violación, tras la primera menstruación, cuando la adolescente empieza a relacionarse o después de tener un primer hijo. Muchas de ellas son engañadas para tomar anticonceptivos, haciéndoles creer que las pastillas son para otro tipo de dolencia. En Suecia, esta práctica está penalizada y se está indemnizando a todas las mujeres con discapacidad que han sido sometidas a estos procesos.

Otra forma de discriminación que se da en este colectivo es la accesibilidad a algunos servicios sanitarios, como puede ser ginecología. Lo que para la mayoría de las mujeres no supone ningún problema, para las personas con discapacidad es muy complicado. El simple hecho de hacerse una revisión es un mundo, ya que las camillas no están adaptadas a personas con problema de movilidad. Sería tan sencillo como poner una camilla de altura variable como las hay en las plantas de los hospitales, pero en la mayoría de España en esta especialidad brillan por su ausencia. En nuestro país tan sólo existen 13 camillas adaptadas en ginecología, nueve de ellas situadas en Andalucía. Este año CERMI- La Rioja en su manifiesto exige «acabar con las barreras de acceso a los servicios sanitarios que siguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad, incluida la atención sexual y reproductiva, que han sido construidas desde el ‘capacitismo’ y el patriarcado”.

Lo cierto es que no hay demasiados estudios sobre este tema y los que existen son poco claros y accesibles. Pero está claro que existen una serie de factores que dejan al colectivo de la discapacidad en general y al de la mujer con discapacidad en particular en un estado muy vulnerable. Factores como los prejuicios de la sociedad asociados a la discapacidad, siguen siendo consideradas receptoras de servicios caritativos o sujetas a las decisiones de otros, pero no titulares de derechos, lo que fomenta a su vez la percepción de que no son capaces de tomar sus decisiones de manera autónoma. Son consideradas personas asexuales o por el contrario hipersexuales (no existe un término medio), se da por hecho que no tienen la capacidad de consentimiento ante las relaciones sexuales, etc… Las barreras de comunicación pueden generar la creencia de que no estarán en condiciones de presentar una denuncia; el aislamiento, la exclusión social, la dependencia a un cuidador o la falta de dispositivos de ayuda para la movilidad por ejemplo, son algunos factores que pueden conducir a la impunidad y a la invisibilidad del problema y dan lugar a la persistencia de la violencia durante períodos prolongados.

En conclusión, las mujeres con discapacidad pueden ser objeto de una doble discriminación debido a su género y a su discapacidad. En comparación con los hombres con discapacidad, las mujeres  son más propensas a vivir en la pobreza y en el aislamiento, tienden a percibir salarios inferiores, son más proclives a ser víctimas de la violencia y/o a tener mayores dificultades para salir del ciclo de violencia. Por lo que son consideradas un grupo vulnerable en nuestra sociedad y no somos conscientes de ello.